Hoy 22 de junio hemos asistido en la sede del Ministerio de Interior a una reunión técnica con el objetivo de avanzar en la consecución del reconocimiento de profesión de riesgo para los miembros de las FFCCSE, con el consiguiente traslado a las pensiones.
Dicha reunión ha estado presidida por la Sra. Secretaria de Estado de Seguridad y la mayoría de sindicatos y asociaciones profesionales. Nos ha dado traslado a que desde Seguridad Social, consideran poco viable la pasarela al Régimen General desde Clases Pasivas, abriendo la posibilidad de estudiar un incremento de los Haberes Reguladores.
Este sindicato ha aportado una extensión desarrollada y con números concretos, del dossier de medidas que presentó en la reunión inicial para tratar este reconocimiento para ambos regímenes.
Esta ampliación, ha sido revisada y supervisada por D. Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones y Seguridad Social, el cual ejerció como Portavoz de Inclusión y Seguridad Social y Vocal de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, destacando su papel como ponente directo de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de la Ley de impulso de los planes de pensiones de empleo.
Las 4 soluciones clave planteadas por EYA
El Régimen de Clases Pasivas está provocando un perjuicio histórico a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras estamos en activo, nuestro salario real se sostiene en gran medida sobre complementos específicos, que al jubilarnos, son excluidos por el sistema actual de Clases Pasivas, calculando la pensión sobre haberes reguladores fijos que no reflejan la realidad salarial de nuestro colectivo.
Un policía que se jubila hoy bajo Clases Pasivas sufre un recorte inmediato de casi el 27% de su poder adquisitivo respecto a lo que percibía en activo. En el año 2002 la brecha salarial era de 1.250 €, pero en 2025 esta pérdida ha superado los 11.400 € anuales.
Para revertir esta situación, desde el Sindicato Equiparación Ya (EYA) hemos presentado ante la Secretaría de Estado de Seguridad una ampliación de nuestro dossier inicial con cuatro soluciones viables, urgentes y rigurosas.
1. Pasarela Voluntaria a la Seguridad Social
Se propone crear una pasarela para que el personal incorporado antes del 1 de enero de 2011 pueda trasladar voluntariamente sus cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social.
Esta medida ya se realizó en el pasado, con la integración de la MUNPAL (Real Decreto 480/1993). En la actualidad se está desarrollando la posibilidad de traspasar los fondos acumulados en las mutualidades alternativas de diversos profesional colegiados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y, además, cuenta con el respaldo de la Recomendación 4ª del Pacto de Toledo.
En resumen:
- Voluntariedad de adscripción.
- Reconocimiento íntegro de los años de servicio ya prestados.
- Mantenimiento de todos los derechos consolidados.
- Sistema «1×1»: Cada mes cotizado en Clases Pasivas se reconocerá como un mes cotizado en la Seguridad Social.
- Cotización futura calculada sobre las retribuciones reales percibidas.
- Eliminación de desigualdades entre funcionarios que desempeñan funciones equivalentes.
- Establecimiento de mecanismos compensatorios para evitar pérdidas económicas en el momento de la jubilación.
2. Reforma Directa de la Ley de Clases Pasivas
Antes hemos afirmado que el sistema de Clases Pasivas no refleja la realidad salarial de los Cuerpos Policiales del Estado.
Esta afirmación se sustenta en la evolución histórica del haber regulador del Grupo C1 (tomado como muestra) en comparación con el salario real percibido por un agente de Policía.
La evolución de la brecha retributiva se refleja en el siguiente gráfico:
- Barras Azules (Brecha en €): Muestra el importe real que el funcionario «pierde» como referencia para su futura pensión cada año. Se observa un crecimiento alarmante: mientras que en el año 2002 la pérdida era de 1.250 €, en el año 2025 esta cifra sobrepasa los 11.400 € anuales.
- Línea Roja (Desviación %): En el año 2002, el Haber Regulador cubría el 93,6% del sueldo Bruto (una brecha del 6,74%). Sin embargo, en 2025, el Haber Regulador apenas representa el 73,1% de lo percibido en activo.
Se propone que a través de un Real Decreto-Ley, se añada una nueva Disposición Adicional (como ya existe para los miembros del Tribunal Constitucional) para reconocer a las FFCCSE como profesión de riesgo dentro de Clases Pasivas, de forma que:
- El cálculo de la pensión se haga tomando como base el total de las retribuciones anuales íntegras (básicas, complementarias, productividad, etc.).
- Se establezcan mecanismos de transición y una ayuda económica para los funcionarios próximos a la edad forzosa de jubilación
3. Ayuda Económica a la Jubilación
Se trata de una vía complementaria de implantación inmediata para mitigar la pérdida de poder adquisitivo al pasar al retiro, que también cuenta con precedentes. Los funcionarios de las Cortes Generales ya perciben una ayuda similar financiada por los presupuestos públicos (art. 16 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales).
Esta medida es compatible con el ordenamiento jurídico siempre que:
- Se financie mediante una partida específica consignada en los PGE.
- Se defina normativamente su cuantía, requisitos de acceso (años de servicio, proximidad a la edad forzosa de jubilación, etc.) y procedimiento.
- Se respete el principio de no duplicidad de prestaciones por el mismo concepto (artículo 42 de la Ley General de la Seguridad Social).
4. Medida Compensatoria para agentes próximos a la Jubilación
Mientras que la pasarela a la Seguridad Social podría ser práctica para quienes tienen mucha vida laboral por delante, no lo es para quienes están a las puertas del retiro.
Para los agentes de entre 59 y 64 años (un colectivo reducido de solo 4.129 efectivos en la Policía Nacional), proponemos un Haber Regulador Compensado de Referencia, que podría articularse mediante:
- Una actualización extraordinaria de los haberes reguladores aplicables, tomando como referencia la evolución real de las retribuciones de las FFCCSE.
- La creación de un complemento específico de jubilación financiado con cargo a los PGE que compense la diferencia entre el sistema de haberes reguladores fijos y el de retribuciones reales.
3. Garantizar que el paso por la Segunda Actividad (donde disminuyen significativamente las retribuciones) no compute a la baja en la jubilación.
El impacto presupuestario de esta medida es totalmente asumible
Nuestro estudio demuestra que el colectivo afectado en la franja crítica de edad es muy reducido, perfectamente acotado y en progresiva extinción (representan apenas el 5% de toda la Policía Nacional, y solo un 3% si nos limitamos a las escalas operativas de Policía, Oficial y Subinspector).
El coste máximo teórico de la medida compensatoria sería de unos 32,6 millones de euros anuales para toda la Policía Nacional, pero el impacto real sería muchísimo menor al producirse los retiros de forma escalonada. Una cifra plenamente asumible dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Comparativa de Escenarios
Para entender el impacto económico real que cada medida podría tener, el dossier analiza el caso de un agente de la Escala Básica (nacido en 1970 e ingresado en el año 2000) bajo diferentes escenarios de jubilación:
| Escenario de Jubilación | Pensión Anual Estimada | Beneficio respecto al modelo actual |
| 1. Seguir en Clases Pasivas actuales (Jubilación a los 65 años en 2035) | 32.000 € – 36.500 € | Base de referencia actual |
| 2. Pasar a Seg. Social en 2027 (Estructura mixta de cotización) | 35.700 € – 40.600 € | Incremento salarial notable |
| 3. Pasar a Seg. Social (Sistema 1×1) (Jubilación anticipada a los 59 años en 2029) | 39.635,26 € | Máxima optimización por profesión de riesgo |
| 4. Aplicar un Haber Regulador Compensado (media últimos 5 años) | 39.758,53 € / 2.839,89 € (frente a los 2.275,19 € actuales) | +564,7 € al mes (+7.905,80 € al año) |
Conclusión final del estudio
El presente estudio no plantea la supresión del Régimen de Clases Pasivas ni la alteración de los derechos consolidados de sus beneficiarios. Su objetivo es habilitar mecanismos voluntarios y medidas compensatorias que corrijan desigualdades históricas derivadas de la coexistencia de sistemas de cotización distintos. Con ello se garantiza simultáneamente la seguridad jurídica, la sostenibilidad presupuestaria y una adecuada protección social para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estas propuestas pretenden corregir un defecto estructural profundamente injusto. A diferencia de la mayoría de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), el salario de los componentes de las FFCCSE se sostiene sobre complementos específicos que el régimen de Clases Pasivas excluye sistemáticamente de los haberes reguladores. Esta exclusión convierte a los encargados de la seguridad del Estado en los grandes perjudicados dentro de la administración al finalizar su vida laboral.
Además, el diseño actual genera la paradoja de que los funcionarios pertenecientes a la primera y la segunda categoría de las Escalas Básica y Ejecutiva perciben exactamente la misma pensión de jubilación en el momento del retiro, un extremo que lesiona el principio de equipad profesional.
Los agentes de la Policía Nacional mayores de 55 años que pasan a la situación administrativa de Segunda Actividad sufren una reducción de sus salarios mensuales. Si las futuras reformas implementan un cálculo de la jubilación que compute estos últimos años de carrera sobre dichas bases disminuidas, se consolidaría una pérdida de poder adquisitivo perpetua, totalmente ajena a la voluntad de los afectados.
Es imprescindible que este colectivo pueda adherirse a las reformas planteadas sin que los años de segunda actividad computen a la baja en la determinación de su pensión de jubilación.
Cabe destacar que, tras la actualización salarial derivada del acuerdo de 2018, el número de agentes que opta por pasar a la segunda actividad de forma voluntaria ha descendido notablemente —según confirman los datos de la propia Secretaría de Estado—, lo que garantiza que el impacto presupuestario de esta medida protectora será mínimo.
No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo justicia distributiva. Quienes arriesgan su vida protegiendo a los ciudadanos no pueden seguir siendo los grandes perjudicados de la administración al terminar su carrera laboral. Las soluciones técnicas y legales están sobre la mesa; ahora solo falta la voluntad política de la Secretaría de Estado de Seguridad para llevarlas a cabo.