El pasado día 8 de septiembre, del año en curso, remitimos escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; al objeto de poder adherirnos al acuerdo publicado en el BOE n°69 de 20 de marzo de 2018.
En dicha petición se hizo hincapié, en que nuestro objetivo era el cumplimiento de la cláusula 8.
Hay que tener presente que hasta la fecha, aún no se ha tramitado ninguna Ley en la que el Ministerio del Interior garantice «que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones».
Por lo tanto, este acuerdo se encuentra vigente y abierto a su cumplimiento.
El día 20 del mes en curso, recibimos contestación por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, refiriendo que en el acuerdo no se recoge, expresamente, la posibilidad de adhesión al mismo. Solo se menciona dicha posibilidad para el cumplimiento de la cláusula 1 (realización de una auditoría externa), afirmando que ésta, se ejecutó durante el ejercicio de 2019.
Queremos reseñar que recientemente el Tribunal Supremo admitió a trámite una demanda interpuesta por parte de AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), por el incumplimiento del acuerdo indicado (los 807 millones son insuficientes como así reconoce Ernest and Young, en su primer informe, no se han hecho efectivos los 300 millones de euros en los PGE para los compañeros de 2ª Actividad y Reserva; por último, no existe una Ley que garantice que no se produzcan las disfunciones salariales que a día de hoy, se están produciendo entre las FFCCSE y el resto de Policías Españolas).
La Secretaría de Estado de Seguridad, no menciona en su contestación la cláusula 8 del mencionado acuerdo.
Sí manifiesta que de forma adicional, al ser EYA un sindicato no firmante, podríamos adherirnos con el consenso y aceptación de los sindicatos de la Policía Nacional y Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil firmantes.
Por todo ello, este sindicato buscará el consenso de todos los firmantes.